PRIMERA
¿Quién dijo crisis? Si al gobierno federal lo que le sobra es el dinero.
Y es que Felipe Calderón recién anunció que el pago de colegiaturas desde preescolar hasta la preparatoria será deducible del Impuesto sobre la Renta a partir de este año.
Es decir: dejará de captar 13 mil millones de pesos debido a la deducibilidad decretada el lunes pasado.
En torno a la medida, los actores políticos ya fijaron su posición: El Partido del Trabajo advierte que esta determinación sólo beneficiará a las familias con mayores ingresos económicos, que son quienes tienen posibilidades de pagar los estudios de sus hijos y familiares en colegios privados, que representan el 10 por ciento del total de estudiantes en el país, es decir, tres millones.
Sugieren que a la par del decreto el gobierno calderonista implemente acciones para apoyar a los niños y jóvenes que van a escuelas públicas como la de útiles escolares y uniformes gratuitos, así como una beca universal para los estudiantes de bachillerato.
El PRI, en voz de la aún presidenta nacional, Beatriz Paredes Rangel, acusó a Calderón de haberle pirateado su propuesta, ya que era de su partido, la plantearon legisladores desde la campaña presidencial de Francisco Labastida.
En tanto que su compañero el senador Manlio Fabio Beltrones pidió que no sea una medida electorera.
Los límites anuales de deducción son para preescolar 14 mil 200 pesos; primaria 12 mil 900; secundaria, 19 mil 900; profesional técnico 17 mil 100 bachilleratos o su equivalente 24 mil 500.
Algunas asociaciones de padres de familia señalan que la medida del Gobierno Federal es buena, siempre y cuando no haya un trasfondo electoral.
Lo ideal es que a la par de la deducibilidad también se apoye a las escuelas públicas, que dicho sea de paso, son las que se encuentran en el abandono y en las llamadas pruebas de evaluación nacional, en lo general, aparecen en los últimos lugares por la falta de recursos y profesionalización de los docentes.
SEGUNDA
La denuncia laboral de la socióloga Ruth Betzayra Juárez nos hace reflexionar acerca de la importancia que tiene el servicio profesional de carrera en las estructura de cualquier gobierno.
Y en el caso de Tamaulipas, ayudaría a que cada seis años en el caso del gobierno estatal y cada tres, en los ayuntamientos, los mandos medios (que muchas veces son quienes hacen la chamba) no padezcan la angustia y frustración por conservar su empleo.
Hace 10 años, la egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue ubicada en el Departamento de Prevención y Readaptación Social, en el área educativa a nivel estatal, donde se proponen los proyectos para los ocho penales de la entidad.
El trabajo que realizan lo hacen en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) donde, asegura, es uno de los pocos estados que cuentan con un programa de trabajo ITEA-CEDES.
Refiere que hace ocho años, ocupó la dirección general Horacio Sepúlveda Acosta “El Tigre” con su grupo de trabajo integrado mayoritariamente por mujeres a quienes ubicó en puestos clave y desplazó a quienes no eran de su equipo.
Al regresar a esta dependencia, los últimos meses del año pasado, El Tigre emprendió un hostigamiento laboral en contra de algunos empleados entre los que se encuentra la socióloga.
A pesar de la situación de inseguridad en Nuevo Laredo, el funcionario envió a un grupo de mujeres profesionistas a realizar una supervisión al penal de esa frontera, “accedí por disciplina y también por temor porque ya me habían dicho que el señor a discreción les quitaba la compensación a los empleados, incluso que podría correrme”, añade.
Las presiones continuaron cuando, a unos días de la muerte del director de los penales en el estado y la situación de tensión en el Cedes de Victoria, de la noche a la mañana la envían “de comisión” a ese lugar.
“Por seguridad no fui, dadas las circunstancias, además de que intuí que lo hacían para que renunciara a mi trabajo”.
A la par del acta administrativa, la profesionista se presenta a realizar la denuncia correspondiente ante el entonces secretario de Seguridad Pública, Antonio Garza García quien le brindó su apoyo ante lo que consideró una irregularidad de Sepúlveda Acosta.
La represalia en contra de Ruth se dio a través de la remoción de su área, así como la disminución de sus ingresos económicos “mi sueldo es de dos mil 300 pesos y la compensación de dos mil 800 pesos mensuales”.
Asimismo al día siguiente de su cita con el secretario, le fue negada la entrada a su centro de trabajo “la recepcionista me dijo que Sepúlveda le mandaba decir que se largara si no iba a ir personalmente a sacarme a patadas”.
Por los cambios en la administración gubernamental, la socióloga sigue esperando que al menos le devuelvan sus ingresos porque en cualquier parte dos mil 300 pesos al mes no le alcanzan ni para pagar la renta.
